El próximo jueves a las 8.30 la periodista de LA GACETA Irene Benito deberá declarar ante la fiscala Mariana Rivadeneira. La difusión de esa información fue solicitada a este diario por Alfredo Falú, quien presentó una denuncia en contra de Benito que fue archivada el 18 de marzo de este año. A posteriori, el letrado insistió, pese a no ser parte, y la fiscala le hizo lugar. Además de la periodista y abogada, dos horas después deberá presentarse ante la Fiscalía el ex presidente del Colegio de Abogados, Francisco García Posse.
La periodista de LA GACETA deberá declarar en una causa en la que se insiste en acusarla falsamente de que no entregó un libro contratado por los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, causa que fue archivada el 18 de marzo de este año por considerarse que los delitos que se le imputaban eran inexistentes.
El desarchivo de la causa y las citaciones a declarar se hicieron por el planteo del abogado Falú (funcionario del Poder Ejecutivo provincial), quien insiste en sostener que Benito no presentó en ambos Colegios de Abogados el libro de estilo sobre el uso del lenguaje, de utilidad para los letrados. Insiste el denunciante en que el libro no fue entregado y que, por lo tanto, el pago realizado a Benito es indebido; refiere además que todo se hizo para que la periodista publique información y direccione notas en LA GACETA en favor de amigos letrados de García Posse.
En su oportunidad, la causa archivada ya fue repudiada por importantes entidades periodísticas argentinas y sudamericanas, que interpretaron que la denuncia solo tenía como finalidad atentar contra la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo. En tal sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue contundente precisando que la denuncia era claramente “un intento de criminalizar la labor periodística”. No se trata de algo inédito de la sociedad tucumana sino algo muy propio de quienes buscan desviar la atención de lo que se publica. Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) sostuvo que “la denuncia va a contramano de nuestra tradición judicial y, en particular, de la despenalización de las expresiones que llevó adelante el Congreso de la Nación a partir de la condena al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Kimel”. También el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) coincidió con estas posturas advirtiendo que se buscaba “cercenar la cobertura de hechos de trascendencia pública”; inclusive, en un último pronunciamiento, este Foro advirtió, en función de fallos internacionales recientes, que el accionar de la Justicia podría acarrear responsabilidad estatal.
No es entendible la imputación delictual contra la periodista, porque, además de que la contratación para la redacción y entrega no es una cuestión de naturaleza criminal, el libro en cuestión fue efectivamente entregado a los dos Colegios de Abogados, lo que ocurrió un año antes de que su autora fuera denunciada (hubo un retardo respecto a la entrega pactada, pero el libro fue entregado).
En su prólogo, dicho libro contiene un gran elogio de parte de una de las jurisconsultas de mayor prestigio en nuestro país, como es la constitucionalista María Angélica Gelli.
Para desarchivar la causa, a pedido del denunciante, la fiscala envió nuevos oficios a los Colegios de Abogados. Ambas instituciones contestaron que existió la contratación de la periodista, que el libro fue entregado y que se pagó lo convenido. El Colegio del Sur pagó el 100% de su deuda, mientras que el de Tucumán aún adeuda a la autora una pequeña parte.
En el prólogo del libro consta la opinión de la constitucionalista Gelli: “el libro resulta útil y motivador para todos quienes deben expresarse por escrito, en especial, para quienes deben emitir opinión redactando dictámenes o informar a públicos diversos ejerciendo el derecho a la libertad expresiva”.
En este nuevo ataque del denunciante contra la periodista, también le recrimina que entrecruzó e-mails con García Posse y con otros dirigentes de ambos Colegios, en los que se proponía una comida para discutir los detalles de la realización del libro, actos que son simples y cotidianos en la vida de los periodistas.
Fopea: “Mensaje disciplinador para el periodismo”
Definición del foro
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad que nuclea a más de 650 periodistas de todo el país, expresó su preocupación por la citación a indagatoria de Irene Benito.
“La medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder”, expresó la institución hoy presidida por Paula Moreno Román.
“La colega de LA GACETA fue citada a declarar como imputada en una causa penal que inició un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial (Alfredo Falú) por el gobernador con licencia y hoy jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Es la primera vez que una periodista es objeto de una acción judicial de esta especie en Tucumán desde el retorno de la democracia. Benito presenta una doble vulnerabilidad: a su condición de mujer se suma su pertenencia a una minoría sexual”, refirió Fopea.
Tras manifestar que resultaba llamativo el cambio de tesitura de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien primero archivó la denuncia, la organización federal apuntó que el llamado indagatoria ocurría en un contexto de cambio de autoridades de la Corte Suprema local, que ahora es presidida por un ex funcionario de Manzur, Daniel Leiva.
Y agregó: “en un sistema democrático, el mayor reaseguro de una prensa libre es la vigencia de una Justicia independiente. Este tipo de decisiones, por el contrario, atentan contra esas garantías y ponen en riesgo la libertad de expresión”.
Mencionó el acoso en la corte de la Nación
Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA y de Adepa, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, recordó el jueves, en la Corte de Justicia de la Nación, el caso de acoso judicial que padece la periodista Irene Benito. Esta mención ocurrió en la entrega del Premio de Periodismo Judicial que otorgan las instituciones mencionadas, y que este año ganaron los periodistas Gustavo Rodríguez (LA GACETA) y Martín Angulo (Infobae). “Irene Benito lo ganó en 2011, distinción que reforzó su destacada labor en una especialidad que también le acarreó un acoso judicial denunciado por entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa”, dijo Dessein.